Por orden del séptimo juzgado de Garantía de Santiago, la mañana del miércoles se concretó la incautación del teléfono móvil del fiscal regional Carlos Palma Guerra, quien recordemos fue vinculado a un eventual caso de soborno, en el marco del nombramiento del Fiscal Nacional, en el cual el principal persecutor penal de Aysén estaba en la quina.
Todo esto quedó al descubierto por un reportaje del medio CIPER, que dio cuenta de mensajes de Whatsapp entre el persecutor penal aysenino y Gonzalo Migueles, pareja de la Ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, conversación en la que se le ofrecía un doctorado y un cargo en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, con tal de apoyar públicamente a José Morales, otros de los candidatos a fiscal nacional.
El anuncio fue realizado por la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittner, que encabeza la indagatoria.
Carmen Gloria Wittner / Fiscal Regional de Los Lagos
Recordemos que según la investigación periodística de CIPER, el Fiscal Carlos Palma informó del ofrecimiento de Migueles al cuestionado abogado Luis Hermosilla, desconociéndose por ahora el nexo real entre ambos. Recordemos que a través del mismo medio, se dio a conocer audios que a Hermosilla lo vinculan directamente a presuntos pagos irregulares de sobornos a funcionarios tanto del Servicio de Impuestos Internos como de la Comisión para el Mercado Financiero.
Quien abordó el tema durante este mediodía fue el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien afirmó que unos de los flancos a investigar es la omisión de denuncia.
Ángel Valencia / Fiscal Nacional
Es una causa que a todas luces incomoda al Ministerio Público, tal como comentó de manera tajante el fiscal nacional.
Ángel Valencia / Fiscal Nacional
Recordemos que a nivel local, Carlos Palma Guerra sigue en su cargo, mientras la indagatoria avanza en dos aristas, la judicial y la administrativa, la que además generó que al persecutor penal aysenino fuera removido como líder de la investigación en una de las aristas más mediáticas del caso Convenios, que es Procultura, traspasando la persecución penal en esta causa a la Fiscalía Regional de Coquimbo.
