El martes el poblado logró postergar el reinicio de faenas, paralizadas desde mediados de marzo por la pandemia, que la empresa había programado para la primera semana de julio.   Ese día, por videoconferencia con la comunidad local el gerente comercial, Marcelo Bobadilla, comprometió que no se retomarán las obras mientras dure el estado de excepción constitucional.

 

A más de medio centenar de vecinos y vecinas llegó el número de denunciantes contra Edelaysén por construcción de una central hidroeléctrica en las cascadas de Los Maquis sin pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  Este fin de semana se hicieron parte del escrito original, presentado en marzo de este año ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), un total de 29 personas, que junto con las 22 originales contabilizan 51 firmantes del pueblo.

En el escrito señalan que “somos habitantes de la localidad de Puerto Guadal y sus alrededores; manteniendo un vínculo directo con el área de influencia del proyecto en cuestión. Aquí desarrollamos nuestras vidas, como estudiantes, profesionales, trabajadores, padres, madres, hijos, etc; traduciéndose aquello un legítimo interés en la protección de los valores ambientales de nuestro territorio adyacente y en la sustentabilidad de las decisiones – tanto políticas como empresariales – que se adopten con relación al desarrollo del lugar en que habitamos en general, y el río Los Maquis en particular”.

Uno de los puntos centrales en discusión, tanto ante la SMA como ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) donde también se sigue un proceso, es si una generadora de 1MW debiera o no ingresar al SEIA. Cuando la empresa consultó al SEA en agosto del año pasado este comunicó que no era necesario, basándose en que el Artículo 10 letra C de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El artículo 10 lista 19 tipos de proyectos que la legislación presume pueden generar impactos ambientales en su área de influencia.  En su letra C establece que deben ingresar al SEIA “centrales generadoras de energía mayores a 3MW“.  En esto se basó el SEA para dar la respuesta a Edelaysén.

Sin embargo, no consideró que el mismo artículo, en su letra P dispone que deben ingresar al sistema toda “ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.  La central Los Maquis se emplaza está dentro de la Zona de Interés Turístico Chelenko (ZOIT), por lo cual los denunciantes consideran que debió evaluarse ambientalmente, con participación ciudadana institucional de la comunidad.

De esta forma se habrían evaluado y eventualmente evitado una serie de impactos ya patentes, tanto de carácter ambiental como la corta de bosque nativo e intervención con maquinaria en el área de influencia de su proyecto para la construcción de un camino, no obstante haber declarado -en la información parcial entregada a la autoridad- que se utilizaría el existente desde la operación original del proyecto.  Además, se podría haber conservado la casa de máquinas como patrimonio histórico.

El martes el poblado logró postergar el reinicio de faenas, paralizadas desde mediados de marzo por la pandemia, que la empresa había programado para la primera semana de julio.   Ese día, por videoconferencia con la comunidad local el gerente comercial, Marcelo Bobadilla, comprometió que no se retomarán las obras mientras dure el estado de excepción constitucional.

La eléctrica pertenece al Grupo Saesa, controlado por Inversiones Eléctricas S.A., sociedad en que participan los fondos canadienses Ontario Teachers Pension Plan Board y Alberta Investment Management Corp.